Foro Opina

Escándalo Aida-Char: símbolo de la degradación electoral en el país

Por: Diógenes Rosero Durango (Director Ejecutivo)

Lo que ha salido a la luz pública alrededor de uno de los escándalos políticos nacionales más sonados en el país, sería la punta del ICEBERG de cómo funciona la política en sus diferentes territorios, pero, además, de cómo pueden mutar los actores políticos cuando no existen controles y logran convertirse en agentes políticos hegemónicos. ¿De cuántos casos como el de Aida Merlano podríamos hablar en el país o en donde potencialmente podrían surgir? Una buena respuesta podría dárnosla el reciente libro de León Valencia sobre los 10 clanes políticos más importantes de Colombia. Una radiografía de cómo operan y se constituyen las principales fuerzas políticas locales, que según el autor manejan los hilos del poder nacional. En las zonas del país donde hacen presencia, la influencia y control de estos grupos políticos asfixian la política local y redefinen las reglas de juego democrático.

Actores en los territorios que como lo señala Gibson han configurado autoritarismos subnacionales, caracterizados por unas fuertes relaciones con los Estados centrales, pero que, monopolizan el poder local a través de estrategias como la “parroquialización” del poder, la cual busca aislar las discusiones de los territorios de las nacionales como si estas fueran el centro del mundo. Esto es evidente con la maquinaria comunicacional, que, en el caso de los Char, tiene eclipsada la opinión pública de la ciudad y el departamento. Cooptar partidos a nivel local, que queda en evidencia en el escándalo de Aida, en donde Cambio Radical prácticamente absorbió al Partido Conservador.

En el 2018, la lista a la cámara del Partido Conservador solo estuvo conformada por un aspirante (la fórmula del senador Efraín Cepeda). Los senadores conservadores (Aida Merlano y Laureano Acuña) fueron en llave con las cámaras de Cambio Radical que a la postre logró 4 de los 7 cupos de la cámara por el Atlántico. Dominio absoluto y una evidente doble militancia. Finalmente, estos autoritarismos apelan al aumento del poder y monopolización las relaciones nacionales, que en el caso de la casa Char, están representados en los organismos de control nacional y en las fuertes relaciones clientelares con el gobierno de Duque, quien ha ayudado a sus alfiles locales en los momentos más difíciles de la pandemia y negocios como el de la Triple A, en la que Duque adjudicó la operación del servicio de agua, alcantarillado y aseo en tiempo récord y a reconocidos contratistas cercanos al clan. Con razón se hicieron sentir las quejas del expresidente Pastrana quien recientemente criticó en una entrevista la excesiva generosidad, del presidente Duque con el clan Char, en detrimento del Partido Conservador con quien se selló una alianza durante su candidatura.

Esta tenaza de poder ha ido generando una reconfiguración cooptada del Estado, que se caracteriza por una toma de las esferas del poder estatal que incluyen los organismos de control. Pero, además, un cambio en las formas de cooptación de rentas, operación de servicios públicos y hasta redefiniciones de patrones culturales (morales). Esto es diciente en las novedosas formas de contratación denunciadas por la Silla Vacía en donde los mega contratistas adelantan cuantiosos recursos para acometer las obras en una excéntrica modalidad en donde los privados le prestan recursos al gobierno con cargo a vigencias futuras (impuestos); un novedoso modelo para hacer obras que generan grandes incógnitas sobre la procedencia de los recursos utilizados. En la misma lógica, han surgido las famosas alianzas público-privadas, que combinan la participación pública y de los privados lo cual facilita su adjudicación sin concursos, pero que, en carta blanca, termina siendo un negocio para los privados. Y hasta se han logrado cambios legales para favorecer a terceros como en el caso de la Triple A, en donde un mico de la ley permitió que bienes a cargo del gobierno por extinción de dominio pudieran adjudicarse a mega contratistas sin ningún problema. Culturalmente, también hay una apuesta por redefinir los conceptos morales sobre las nociones de beneficios y costos sociales; se ha construido la idea en la ciudadanía que hay una justificación política en la apropiación de rentas; el circulo vicioso de mega obras de infraestructura; recursos públicos (nacionales y locales); favorecimiento de contratistas cercanos a la administración; y financiamiento de las campañas; es mostrado como un saldo positivo para la sociedad. Parafraseando la famosa frase que usan personas de todas la clases y posiciones sociales: “roban, pero hacen”, en realidad se convierte en una pregunta: ¿Hacen para robar?

La metástasis de esta situación no es un hecho casual ni es una situación exclusiva de una región del país, su principal origen es la histórica relación clientelar del centro con la periferia, pero también, en la falta de una institucionalidad sólida que defina unas reglas de juego claras que impidan el desarrollo de conductas antidemocráticas, y lógicamente, en características propias de cada región. Entender este entramado de corrupción local, hace parte de la necesaria reflexión nacional que debe desencadenar profundos cambios formales y reales en el ejercicio del poder político nacional. No se puede seguir permitiendo la perversa relación de alimentar maquinarias locales para consolidar la gobernabilidad nacional o el triunfo de las elecciones presidenciales.

Gran parte de esta problemática surgió como un efecto colateral de la búsqueda de ampliar la participación política en la constitución del 91, en donde los poderes tradicionales no permitieron que se modernizaran los partidos. Esto generó una excesiva dispersión política sin un proceso de fortalecimiento institucional para la regulación de las agrupaciones políticas nacionales, se configuró una la diáspora de micropoderes locales o microempresas electorales como las denomina Eduardo Pizarro-Leongomez. Esta pérdida de la organización de las jerarquías políticas nacionales provocó una difusa posibilidad de veeduría y control de los poderes en lo local. Parte de esta crisis desembocó en fenómenos como la parapolítica, y en otros casos como en el Atlántico, en la consolidación de prácticas clientelares cada vez más degradadas. Sin responsabilidades partidistas nacionales los actores subnacionales evaden las sanciones y responsabilidades políticas nacionales.

Esto también condicionó en el caso del Atlántico la mala experiencia con el voto de opinión que se tuvo en la capital: Barranquilla. Los fallidos gobiernos del movimiento ciudadano (20 años en el poder local) dejaron una amarga experiencia en el imaginario cultural en donde no hay posibilidades para la política alternativa. La gente prefiere el pragmatismo de la hegemonía de casas políticas, que ejecuten obras, a intentos de nuevos partidos alternativos que representen el voto de opinión. Hay una ciudadanía dispuesta a votar por políticos que representan el cambio, como en el caso de la gobernación de Gustavo Bell, Eduardo Verano (I) o José Antonio Segebre, quienes se enfrentaron al bloque de la política tradicional, pero las dificultades de construir un proceso político de largo aliento no han permitido consolidar una fuerte franja de opinión. Ocurrió algo similar en el caso de La María Mulata en Cartagena en donde después de su exitoso gobierno no se pudo garantizar la permanencia de otros gobiernos modernizantes. En ausencia de procesos de opinión, la politiquería y el pragmatismo se tomó el espectro político.

El constante aceitamiento de las maquinarias locales con el poder nacional ha consolidado el perverso mercado de compra y venta de votos en la ciudad y el departamento. Desde la operación avispa, hasta los cupos indicativos, el poder nacional ha visto en la costa caribe y sus necesidades, un fortín ideal para pervertir el electorado sin la necesidad de dar la cara en los territorios. El trabajo sucio lo ejecutan los poderes locales que año tras año han acrecentado su poder y tecnificado sus instrumentos. De ahí vienen los sonados casos de los Ñoños, el Ñeñe y ahora Aida. Un juego de compra de votos, contratos y recursos públicos nacionales que no para. Algo similar debe estar gestándose en gran parte del país y como lo señala León Valencia, viene aumentando su poder de transacción nacional. La ñeñe política nos mostró como estas casas permean las altas esferas del poder en la casa de Nariño. Ponen representantes en los entes de control y prefiguran leyes a su favor para acrecentar su poder político local. No extraña que La conexión Aida/Char con lo Nacional esté atravesada por uno de los grandes electores nacionales: Cambio Radical; la compulsa de copias de la Corte para que investiguen las campañas de Uribe, Santos y Duque es un indicador de las implicaciones nacionales del escándalo, que además debería tener unas duras consecuencias para la Coalición de Centro Derecha, que aprueba con su silencio del caso Aida/Char, el contubernio centro-periferia para reproducir el sistema clientelar tradicional.

Mientras no haya unas normas electorales que organicen un sistema de partidos sólido, pero que además fortalezcan la institucionalidad de la mecánica de las elecciones, estas prácticas y poderes seguirán reproduciéndose como ocurre en las organizaciones al margen de la ley, en donde, tumban una cabeza y surgen nuevos actores que copan los escenarios que dejan los antiguos liderazgos. En donde también las relaciones de lealtad y confianza están determinadas por el parentesco que permitan transiciones que garanticen la acumulación de poder y recursos sin sobresaltos. El episodio de Aida es la búsqueda final de los Gerlein por prevalecer en la política por no tener sucesores a la vista que garantizaran su permanencia.

La necesidad de una reforma política que fortalezca las capacidades institucionales para impartir justicia en los crímenes electorales es necesaria. Nuestro principal problema de corrupción no son los comportamientos de los privados que violan las reglas de juego, es el de complejas estructuras organizadas consolidadas para sustraer recursos del erario público, que terminan envileciendo el ejercicio político, pero además normalizando las conductas anómalas a través de la hegemonía y el poder público.

Tomado de: https://www.sur.org.co/escandalo-aida-char-simbolo-de-la-degradacion-electoral-en-el-pais/#.Yg7_Z6_8VdA.whatsapp