Foro Opina

El punto de vista: Crónica de un desastre anunciado

Llegará 2026 y más del 60% de la población con discapacidad no tendrá certificado de discapacidad.

Por: Eduard Gonzalez Bautista. Director de Inclured, Director de Inclured, plataforma de organizaciones de personas con discapacidad y cuidadores que promueven y defienden los derechos de las personas con dispacidad.

 Pongo sobre la mesa el análisis cuantitativo del gran anuncio por parte del Ministerio de Salud de asignar 10.000 millones de pesos al proceso de certificación de las personas con discapacidad en Colombia.

Desde el 2020, fecha en la que entra en vigencia la resolución 113, encargada de reglamentar el trámite, utilidad y responsables del certificado de discapacidad; hasta junio del 2022, el Ministerio de Salud informó qué habían logrado certificar 100.000 personas en todo el territorio nacional. Pero, con la aclaración de qué no todos habían sido financiados por el rubro asignado desde el Ministerio; sino que las administraciones territoriales, como alcaldías y gobernaciones, destinaron recursos para poder alcanzar esta meta.

Hoy se habla de 10.000 millones, los cuales traducen un aproximado de 75.000 nuevas personas con discapacidad qué serán certificadas. Una cifra preocupante, porque eso quiere decir qué, a este ritmo, necesitamos al menos 25 años para qué un porcentaje significativo haya obtenido este documento. El cual condiciona el acceso a muchos de los derechos, beneficios o acciones afirmativas para el proceso de inclusión de las personas con discapacidad en Colombia. 

Actualmente, la fallida implementación del certificado de discapacidad, reglamentada por la resolución 113/2020 del Ministerio de Salud, generó estragos en el proceso de inclusión educativa, dejando sin acceso al sistema a los niños y adolescentes con discapacidad; que, por sus padres ser empleados y afiliados a una caja de compensación familiar, recibían un auxilio educativo, que les permitía permanecer en instituciones privadas. Hoy en día estas son las qué suplen la demanda de la inclusión educativa en los territorios, pues la educación primaria, secundaria y media aún no tiene suficiente cobertura en instituciones oficiales.

Las consecuencias también se evidenciaron en el proceso de inclusión laboral, retrasando los grandes avances que se han logrado con la difusión y socialización con empresarios y el sector de la población con discapacidad en edad productiva. Las tasas preferenciales de créditos, convocatorias y becas son otras de las oportunidades que se perdieron por la falta de planeación. En la implementación del proceso de certificación, hoy se encuentra vigente la resolución 1239 que modifica algunos aspectos, pero alguna de las afectaciones hoy ya son irremediables.

Lo que hoy sucede es una crónica de un desastre anunciado. Un instrumento como el certificado de discapacidad, que debería brindar garantías de derechos a las personas con discapacidad, se ha convertido en un gran obstáculo. Comenzando por haber trasladado la responsabilidad de las EPS a la Secretaría de salud territoriales. Esto generó una cantidad de tramitología, las cuales llegan a ser absurdas, agotando a la persona durante el proceso y, adicionalmente, generando una carga económica y muchas incomodidades por la falta de accesibilidad en las infraestructuras de estas entidades involucradas en el proceso. 

Se evidencia una falta de planeación total desde el proceso de expedición de la normativa, el presupuesto destinado para llevar a cabo la certificación nacional de la población, y la operabilidad de las entidades involucradas.

Lo triste es qué los consejeros, representantes de la discapacidad, guardan silencio profundo, y la población con discapacidad hoy en día, deserta de los planteles educativos, no acceden a los programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, o son adultos mayores de manera priorizada —como debería ser—; pasa lo mismo con las víctimas del conflicto con discapacidad. Todos y todas permanecen en la cola de la fila de espera.

En definitiva, la inclusión de las personas con discapacidad le ha quedado grande a los dirigentes de este país. Y mientras la premisa de la agenda 2030 es que nadie se quede atrás, en Colombia pareciera que se legislara para lograr totalmente lo contrario.

@EduardGonzalezBau
Eduardandresgonzalez@gmail.com